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Año 3 #30 Abril 2017

Crisis del estado

Estado en crisis es un ensayo escrito a cuatro manos por Zygmunt Bauman, y Carlo Bordoni. Partiendo de la definición de crisis los autores proponen un recorrido por los principales problemas del presente.

En esta es la primera entrega el tema es la “Crisis del estado”. Con la próxima entrega veremos “Un estatismo sin estado” para luego desembocar en el apasionante capítulo “Estado y nación”.

Capítulo 1

Crisis del estado

 

Estado en crisis, Paidós, 2014, traducción Albino Santos Mosquera

 

Carlo Bordoni: Crisis. De la palabra griega κρίσις, «sentencia», «resultado de un juicio», «punto de inflexión», «selección», «decisión» (según Tucídides), pero también «disputa» o «querella» (según Platón), y patrón, acepción de la que se deriva criterio («medio para formar un juicio», pero también «capacidad de discernir») y crítico («apto para juzgar», «crucial», «decisivo», así como lo concerniente al arte de la elaboración de juicios).

Palabra que se repite con frecuencia en los diarios, en la televisión y en las conversaciones cotidianas, y que se utiliza para justificar, de vez en cuando, las dificultades financieras, los incrementos de precios, un descenso de la demanda, una falta de liquidez, la imposición de nuevos tributos o la suma de todo lo anterior.

La crisis económica es —según los diccionarios— una fase de recesión caracterizada por un freno de las inversiones, una disminución de la producción y un aumento del desempleo; se trata de un término que tiene el significado genérico de un cúmulo de circunstancias desfavorables, vinculadas a menudo con la economía.

Se «culpa» así a «la crisis» de todo suceso adverso, sobre todo si guarda relación con el sector económico. Hablamos, pues, de una atribución de responsabilidad absolutamente despersonalizada, lo que libera a los individuos de toda implicación y remite a un ente abstracto de apariencia vagamente siniestra. Esto se debe a que hace ya algún tiempo que la palabra crisis perdió su significado original y ha adoptado desde entonces una connotación puramente económica. Ha reemplazado a otros vocablos de los que se había abusado históricamente, como coyuntura, empleado a menudo en las décadas de 1960 y 1970, cuando la situación económica general era más optimista y dio paso a tiempos en los que el consumismo de masas reinó indiscutido.

El hecho de vivir un periodo de «coyuntura» se consideraba una transición dolorosa pero necesaria para alcanzar una nueva fase de prosperidad. Era un momento de ajuste en el que preparar el terreno, perfeccionar las estrategias y recargar energías para recobrar la fuerza y la seguridad, y también para negociar tratos mejores en cuanto la situación se estabilizase.

Una coyuntura era un periodo breve en comparación con el resto de los periodos. El término implicaba en sí mismo una actitud positiva y de confianza ante el futuro inmediato, frente a otros términos habitualmente usados para indicar las dificultades económicas vividas en décadas pasadas. La Gran Depresión se instaló, por ejemplo, tras el crac de Wall Street de 1929. Todavía hoy ese término evoca escenarios apocalípticos (muy alejados de los que connota la palabra coyuntura) y sugiere la persistencia de una recesión grave y duradera, combinada con una honda angustia existencial: algo de lo que resulta sumamente difícil recuperarse y que está marcado por unas inevitables implicaciones psicológicas.

La crisis más grave de la modernidad, la de 1929, que provocó el desmoronamiento de las bolsas y dio pie a una larga cadena de suicidios, fue hábilmente resuelta gracias a la aplicación de las teorías de Keynes: pese al déficit público que eso generaba, el Estado invirtió en obras públicas y empleó mano de obra cuando el trabajo escaseaba y las empresas tenían que deshacerse de muchas de las personas con las que contaban en plantilla; con ello, se estimularon los pedidos de bienes y servicios y la industria pudo respirar un poco, con lo cual se pusieron nuevamente en marcha los engranajes de la economía. La crisis actual es distinta. Los países afectados están demasiado endeudados y carecen de la fortaleza (y tal vez incluso de los instrumentos) para invertir. Lo único que pueden hacer es aplicar recortes aleatorios que redundan en un agravamiento de la recesión, en vez de mitigar los efectos de esta en los ciudadanos.

Hoy preferimos hablar de «crisis» que de «coyuntura» o «depresión». Es, desde luego, un término más neutral, que se ha usado en otros muchos contextos y no sólo en el económico, y que, por consiguiente, resulta bastante familiar. Desde las crisis matrimoniales —que trastocan la vida de una pareja casada— hasta las crisis de la adolescencia —que marcan la transición de la pubertad a la edad adulta—, el concepto de crisis evoca la imagen de un momento de transición desde una condición previa a otra nueva; una transición necesaria para poder crecer, el preludio a un estatus diferente y mejor, un decisivo «paso adelante». De ahí que despierte menos miedos.

Como puede verse, el término crisis, en el sentido literal de la palabra, expresa algo positivo, creativo y optimista, porque implica un cambio que puede muy bien ser un renacimiento tras un fracaso o una desintegración. Denota separación, sin duda, pero también una elección, unas decisiones y, por lo tanto, la oportunidad de expresar una opinión. En un contexto más amplio, adopta el sentido de la maduración de una experiencia nueva, lo que conduce a un punto de inflexión (ya sea personal o en el plano sociohistórico colectivo). Constituye, en definitiva, el factor de predisposición al cambio que prepara para ajustes futuros sobre una nueva base, algo que nada tiene de deprimente, como el actual impasse económico bien nos demuestra.

En los últimos años, la idea de crisis ha quedado vinculada al sector económico básicamente con el sentido de una situación compleja y contradictoria, que no puede definirse simplemente como «inflación», «estancamiento» o «recesión», sino como la combinación de una serie de causas y efectos de la que resulta un embrollo de problemas e intereses en conflicto.

En el fondo, esta crisis se caracteriza por la conjunción simultánea de un cúmulo de apuestas económicas arriesgadas a escala internacional (que serían las causas) y de las medidas adoptadas en el ámbito local para contrarrestarlas (que serían los efectos). Ambos tipos de factores repercuten de forma diferente en los ciudadanos, interactúan y contribuyen a la complejidad de un malestar social cada vez mayor. Se tiene, así, la percepción generalizada de que el remedio es peor que la enfermedad porque es más inmediato y se deja sentir más directamente en la vida diaria de las personas.

Esta es una crisis que viene de lejos. Tiene sus raíces en la primera década del actual milenio, marcada por un nuevo estallido del terrorismo y por la emblemática destrucción de las Torres Gemelas en Nueva York en 2001. No fue casual que esos dos rascacielos formaran parte del World Trade Center, sede central de la Organización Mundial del Comercio. ¿Premonición o coincidencia? Lo cierto es que, a partir de ese momento, y pese a la explosión de la «nueva economía», los mercados financieros comenzaron ya a temblar y a dar muestras de que la globalización no iba a conducirnos a nada bueno. A finales del siglo XX, lo que más preocupaba a los observadores, en realidad, eran las consecuencias de la invasión de los mercados mundiales por parte de las grandes empresas multinacionales, que se manifestaban en forma de repercusiones económicas, pero también de colonizaciones culturales (denunciadas por el movimiento «No Logo»), y que nos hacían temer que la globalización terminaría imponiéndose como el triunfo de un enorme mercado mundial, estandarizado y homogeneizado, a costa de los pequeños productores y de las redes comerciales de alcance más reducido.

La liberalización del tráfico transfronterizo, además de efectos muy significativos para la libertad personal y las comunicaciones, también ha abierto la puerta a un alud de dificultades económicas. Un crac bursátil en Tokio tiene repercusiones inmediatas en Londres o Milán. De ahí que la burbuja especulativa en bonos basura, que se inició en Sudamérica y fue la responsable del colapso más grave del sistema bancario en toda su historia, terminara infiltrándose en Europa y desencadenara la crisis actual, de la que no somos capaces de ver una salida.

La presente crisis es financiera, mientras que la de 1929 fue industrial; por eso, no podemos aplicarle las teorías de Keynes. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Grecia, donde las enormes aportaciones procedentes de la Unión Europea sólo han servido para reducir temporalmente el déficit, pero no han logrado, en cambio, materializarse en nuevas inversiones productivas. En estas condiciones, los engranajes no pueden ponerse a rodar de nuevo.

Las empresas privadas tampoco están interesadas en invertir capital en los países que pasan por serias dificultades, debido en parte a la contracción del crédito bancario, pero sobre todo debido a la desigual rentabilidad económica resultante de la reducción del consumo.

En esta fase, estamos presenciando el curioso fenómeno de un incremento en el precio de bienes esenciales que se contradice con las tendencias del mercado (pues, en principio, su coste debería abaratarse de resultas de la disminución de la demanda). El aumento de los precios trata de compensar, a corto plazo, la disminución de las ventas, a fin de resarcir al productor de las pérdidas sufridas como consecuencia de su menor capacidad para vender. Con el tiempo, si no se ponen en práctica las medidas correctoras adecuadas, la caída en los precios de consumo ralentiza la producción, lo que ocasiona a su vez la escasez de bienes esenciales y propicia nuevos incrementos de precios con los que se intenta restablecer el equilibrio entre oferta y demanda. Esta situación desencadena una economía de guerra, con la consiguiente duplicación de los precios de mercado (pues hay que tener en cuenta también los del mercado negro): una experiencia trágica que Europa ya vivió en el tramo final de la Segunda Guerra Mundial.

Cuando nos encaminamos hacia una recesión severa, suele producirse un incremento general del precio de los bienes de consumo (basta con hacer la compra en el supermercado para percatarse de ello), junto a un estancamiento o una caída del valor de mercado de las propiedades inmobiliarias. Es el síntoma más evidente de un fallo grave que, de no ser corregido, conduce inevitablemente a un colapso económico. El descenso en las ventas de ciertos bienes (como los inmobiliarios), combinado con un incremento en los precios de bienes esenciales, constituye un indicador inmediato de que la masa monetaria se está destinando a usos diferentes, más centrados en el consumo (y menos en la inversión) o, en el caso de las grandes sumas de capital, en las transferencias de dinero al extranjero, donde está más seguro y tiene mayores probabilidades de recuperar (en parte al menos) su rentabilidad perdida.

El aumento de los precios de consumo no sólo desvía recursos de la inversión y del mercado inmobiliario, sino que también origina una especie de «Síndrome del Titanic», caracterizado por una contagiosa euforia en pleno naufragio del país. Una parte de la población —aquella que todavía no se ha visto afectada por la crisis— agota sus ahorros y acelera el ritmo de sus gastos (consumiendo más de lo necesario, dándose ciertos caprichos, vacaciones, etcétera), justificándose a sí misma dicha conducta por la precariedad misma de la existencia: «Disfrutemos mientras podamos», se dicen, mientras siguen con su vida como si nada hubiera cambiado, cerrando los ojos a la realidad.

En otras personas, puede tener ese particular «efecto eco» que les hace gastar basándose en los ingresos del año anterior y, por lo tanto, manteniendo el mismo nivel de vida y endeudándose más con ello. Es una especie de autodefensa psicológica evidente, con la que los individuos tratan de sofocar la ansiedad que los invade ante el desmoronamiento de toda certeza acerca del futuro.

Por otra parte, están también las personas que se quitan la vida. Se dice que, sólo en Grecia, ha habido ya más de 1200 casos de suicidio por culpa de la crisis económica. Son los que se ahogan mientras los privilegiados bailan en la cubierta superior del barco y fingen no darse cuenta de lo que ocurre (o tal vez son plenamente conscientes de ello, pero, por esa misma razón, se empecinan en cerrar los ojos).

La inflación es harina de otro costal. El desplome del valor del dinero, la inconstancia progresiva en su relación con los bienes de consumo, es algo que se ha evitado por el momento. La inflación ha estado ligada a todas las crisis económicas de la modernidad; alcanzó un récord histórico durante la República de Weimar (justo antes del acceso de Hitler al poder en Alemania), momento en que el coste de un kilo de pan alcanzó el millón de marcos, o en la Argentina de la década de 1970, cuando la cantidad de pesos necesaria para pagar el pan se incrementaba a diario en una especie de interminable crescendo. La inflación es la peor consecuencia de cualquier crisis económica, porque barre con los ahorros de toda una vida y condena a las personas al hambre en muy poco tiempo: el dinero ya no puede comprar nada y la desesperación lo invade todo. Es un cáncer de acción rápida que se propaga con la misma velocidad con la que se mueven los billetes y las monedas. Cuanto más velozmente cambian estos de manos, menos valor tienen. El euro nos ha salvado de la inflación. Grecia se salvará, pues, de la fiebre inflacionaria, que, de no haber sido por la moneda única, sería ya galopante, y seguirá librándose de ella mientras se mantenga dentro de la zona del euro. Regresar al dracma sería fatal.

El euro no es un instrumento monetario a prueba de tensiones inflacionarias, pero sí es la moneda de la mayoría de los Estados de la Unión Europea, y los más fuertes de esos Estados (empezando por la propia Alemania) no tienen intención alguna de caer en la trampa de Weimar por segunda vez. Disponen de los instrumentos adecuados para mantener el euro bajo control y los imponen a todos los demás miembros de la moneda única. Entre dichos instrumentos están, qué duda cabe, un presupuesto público equilibrado, un tope máximo a los tipos de interés, la reducción de la deuda pública y la consiguiente ralentización de la circulación del dinero. Son las llamadas políticas «deflacionarias» (totalmente alejadas de las teorías de Keynes que se aplicaron para resolver la crisis de 1929) y sus consecuencias son las que ahora estamos pagando.

Por desgracia, esta situación, si no se corrige mediante intervenciones apropiadas, genera a su vez otros problemas por medio de una desastrosa reacción en cadena. Los despidos privan a las familias del necesario poder adquisitivo, agotan sus ahorros y disminuyen sus niveles de consumo, lo que, a su vez, se refleja en el comercio y la producción generales. Esto abre la puerta al estancamiento, la más temida faceta de la crisis económica, ya que entonces el Estado y el Gobierno, lejos de reducir la fricción existente, presionan en la dirección contraria incrementando los impuestos, lo que no hace sino empeorar la situación.

Una característica especial de esta crisis está siendo su duración. Se ha terminado la era de las «coyunturas» desfavorables, que podían resolverse en un periodo más o menos breve. Ahora se tarda una eternidad en revertir las crisis (que son especialmente vagas y generalizadas porque abarcan a gran parte del planeta). Progresan con enorme lentitud, a diferencia de la velocidad a la que se mueven las demás actividades humanas en nuestra realidad contemporánea. Todo pronóstico de solución es objeto de revisión y actualización permanentes y, finalmente, pospuesto hasta nuevo aviso. No parecen tener fin.

Cuando termina una crisis, otra que, entretanto, se ha ido acercando hasta nosotros pasa a ocupar su lugar. O tal vez se trata de la misma inmensa crisis que se autoalimenta y se metamorfosea con el tiempo, transformándose y regenerándose cual monstruoso ente teratogénico. Devora y cambia la suerte de millones de personas, transformándose en la norma en vez de la excepción, hasta convertirse en un hábito cotidiano con el que tenemos que lidiar en vez de una pesada molestia ocasional de la que librarse lo más pronto posible.

Vivir en un estado de crisis constante no es agradable, pero puede tener su vertiente positiva, ya que mantiene nuestros sentidos vigilantes y alerta, y nos prepara psicológicamente para la posibilidad de que pueda suceder lo peor. Debemos aprender a vivir con la crisis, igual que nos resignamos a vivir con tantas adversidades endémicas que nos han venido impuestas por la evolución de los tiempos: la contaminación, el ruido, la corrupción y, por encima de todo, el miedo (el sentimiento más antiguo del mundo, que nos acompaña a lo largo de una realidad marcada por la inseguridad).

Tendremos que acostumbrarnos a vivir con la crisis, porque la crisis ha venido para quedarse.

 

Zygmunt Bauman: Tengo la impresión de que la idea de «crisis» tiende a derivar actualmente de nuevo hacia su significado médico original. El concepto se acuñó para denotar el momento en que el futuro del paciente estaba en el aire, y el médico tenía que decidir qué camino seguir y qué tratamiento aplicar para ayudar a que el enfermo dejara de serlo y pasara a la convalecencia. Cuando hablamos de crisis de cualquier naturaleza, también de las económicas, transmitimos en primer lugar una sensación de «incertidumbre», de «ignorancia» en cuanto a la dirección que están a punto de tomar los acontecimientos, y, en segundo lugar, la necesidad de intervenir, es decir, de «seleccionar» las medidas correctas y de «decidir» cómo aplicarlas lo antes posible. Cuando diagnosticamos una situación como «crítica», es justamente eso a lo que nos referimos: a una conjunción de diagnosis y llamamiento a la acción. Y déjeme añadir que hay ahí una contradicción endémica: a fin de cuentas, admitir un estado de incertidumbre/ignorancia no augura nada bueno para la probabilidad de que se seleccionen las «medidas correctas» que hagan que las cosas se muevan en la dirección deseada.

Pero permítame que me concentre —como, según entiendo yo, es su intención— en la crisis «económica». Usted ha empezado recordándonos los horrores de las décadas de 1920 y 1930, con los que cada tropezón posterior de la economía ha tendido a ser comparado desde entonces, y se ha preguntado si la actual crisis surgida a raíz del colapso del crédito puede ser vista y definida como una reedición de aquel periodo, ya que eso permitiría arrojar algo de luz sobre sus posibles consecuencias finales. Aun admitiendo que existen numerosas similitudes bastante asombrosas entre una y otra crisis y sus respectivas manifestaciones (en primer y principal lugar, un desempleo colosal sin visos de solución y una desigualdad económica rampante), yo diría que hay también, sin embargo, una diferencia crucial entre ambas que hace que su comparación mutua resulte, cuando menos, cuestionable.

Las víctimas del derrumbe bursátil de finales de la década de 1920 —aunque estaban horrorizadas por la visión de unos mercados descontrolados que, arrastrando a negocios perfectamente viables a la bancarrota, arrasaban con las fortunas y con los empleos— apenas dudaron de a quién acudir en busca de auxilio: al Estado, por supuesto; a un Estado fuerte, tanto como para tener la capacidad de «forzar» que la situación se amoldara a su propia voluntad. Puede que hubiera divergencia (considerable incluso) de opiniones en cuanto al mejor modo de salir de aquel apuro, pero no había discrepancia sobre quién podría encarrilar el estado de las cosas por la vía finalmente seleccionada: el Estado, sin lugar a dudas, pues era quien estaba equipado con los dos grandes recursos indispensables para esa labor, que eran el poder (es decir, la capacidad para conseguir que se hicieran las cosas) y la política (es decir, la capacidad para decidir qué cosas debían hacerse). Haces bien en mencionar a Keynes en ese contexto: como el resto de la opinión experta o simplemente intuitiva sobre el tema en su momento, él apostó por la potencia de recursos del Estado; sus recomendaciones sólo tenían sentido en la medida en que los Estados «realmente existentes» podían de verdad estar a la altura de las expectativas populares y cumplir con ellas. Y, en realidad, lo que ocurrió después de aquel colapso llevó hasta el límite el modelo poswestfaliano de Estado armado de una soberanía absoluta e indivisible sobre su territorio y sobre todo lo contenido en él, aunque fuera bajo formas tan variadas como las de las economías dirigidas por el Estado (modelo soviético), reguladas por el Estado (modelo alemán) o estimuladas por el Estado (modelo estadounidense).

Ese modelo poswestfaliano de Estado territorial omnipotente (un Estado-Nación en la mayoría de los casos) salió de la última guerra mundial no ya indemne, sino expandido, reforzado y convencido de su capacidad para cumplir con las aspiraciones integrales de un «Estado social» que asegurara a todos sus ciudadanos frente a los caprichos del destino, los infortunios individuales y ese temor a la indignidad en cualquiera de sus múltiples formas (ya fuera el miedo a la pobreza, a la exclusión y la discriminación negativa, a la mala salud, al desempleo, a la falta de vivienda o a la ignorancia) que nunca había dejado de acechar a las generaciones de preguerra. El modelo del «Estado social» fue adoptado también (aunque en una versión considerablemente recortada) por numerosos Estados (y cuasi Estados) nacidos entre las ruinas de los imperios coloniales. La «treintena gloriosa» que siguió a la gran contienda mundial estuvo marcada por la expectativa creciente de que todos los problemas sociales más angustiosos y desgarradores de antaño iban a solucionarse y estaban a punto de pasar a la historia, y de que los recuerdos aterradores de la pobreza y el desempleo masivo quedarían enterrados de una vez por todas.

En la década de 1970, sin embargo, ese avance se detuvo en seco, frenado por un desempleo en franco aumento, una inflación aparentemente incontrolable y la cada vez más notoria incapacidad de los Estados para cumplir con su promesa de proteger a su ciudadanía con un seguro integral contra la adversidad. Poco a poco, aunque de forma cada vez más descarnada, los Estados fueron poniendo de manifiesto su incapacidad para cumplir sus viejas promesas; poco a poco, aunque de manera imparable al parecer, comenzaron a desgastarse la fe y la confianza en la potencia del Estado. Funciones anteriormente reivindicadas y celosamente guardadas por los Estados, que estos monopolizaban y que eran consideradas por gran parte de la población y de los más influyentes líderes de opinión como obligación y misión inalienables de las administraciones estatales, parecieron adquirir de pronto un carácter demasiado oneroso o gravoso como para que los Estados-Nación pudieran hacerles frente. Peter Drucker hizo pública por entonces su famosa idea de que la gente iba a tener que abandonar en breve toda esperanza de que la salvación les viniera «de arriba» (es decir, desde el Estado o desde la sociedad en general), y la proporción de oídos dispuestos a absorber ese mensaje creció a un ritmo progresivamente acelerado. En la percepción popular de las cosas, ayudada y secundada por el coro que formaba una parte creciente de la población más culta y más influyente en la opinión general, el Estado fue degradándose desde la categoría de motor más poderoso de bienestar universal a la de obstáculo más detestable, pérfido y molesto para el progreso económico.

¿Fue ese, pues, otro momento decisivo en la historia del estado de ánimo público? ¿Fue otro «interregno» o, como lo llamarían los franceses, otra «ruptura»: un terreno insuficientemente definido y poco determinado que todavía no hemos visitado, explorado ni cartografiado, y por el que los viejos vehículos en los que confiábamos no parecen estar preparados para transitar, pero para el que todavía no hemos diseñado, fabricado ni sacado al mercado los que serían adecuados para tal misión? Sí, pero, igual que ya sucediera durante la Gran Depresión de las décadas de 1920 y 1930, los líderes de opinión, además de sectores paulatina pero constantemente crecientes del público en general, dijeron «saber» qué vehículos estaban llamados a reemplazar a los viejos (es decir, a aquellos que, antaño, fueron fiables, pero que, según esos opinadores, se habían herrumbrado y hacía tiempo que debían haber sido enviados al desguace). También entonces pareció obvia cuál era la fuerza poderosa que estaba destinada a sacarnos de la crisis de ese momento porque tenía supuestamente las ganas y la capacidad para hacerlo. Esta vez, la confianza pública se depositó en la «mano invisible del mercado» y, en el fondo (según las recomendaciones de Milton Friedman, Ronald Reagan, Margaret Thatcher y su rápidamente creciente tropa de entusiastas subordinados, aduladores y acólitos, todos ellos dedicados a desenterrar las máximas de Adam Smith de la losa de la vergüenza y el olvido que las cubría, y a reciclarlas/reformularlas para su nuevo uso público), en el poder mágico de la codicia de los panaderos: esa codicia en la que todos los que desean tener pan recién horneado cada mañana en su mesa a la hora del desayuno pueden confiar en tenerlo. La «desregulación», la «privatización» o la «subsidiariedad» estaban destinadas a lograr lo que la regulación, la nacionalización y las iniciativas colectivas guiadas por el Estado tan triste y desgraciadamente no habían podido conseguir. Había que desplazar —y se desplazaron («enajenaron», «externalizaron» o «subcontrataron»)— funciones del Estado hacia el mercado (un ámbito presuntamente «despolitizado»). Otras se hicieron recaer directamente sobre los hombros de las personas, de las que pasó a esperarse que proveyeran individualmente (inspiradas y motivadas por su propia codicia) aquello que no estaban logrando producir colectivamente (inspiradas y motivadas por el espíritu comunitario colectivo).

Tras la «treintena gloriosa» vino la «treintena opulenta»: los años de orgía consumista y de crecimiento prácticamente continuo (y aparentemente imparable) de los índices del PIB en todas partes del planeta. Parecía que la apuesta por la codicia humana estaba dando resultados. Sus beneficios se hicieron visibles mucho antes que sus costes. Tardamos algo más de veinte años en darnos cuenta de qué alimentaba aquel milagro consumista: el descubrimiento por parte de los bancos y los emisores de tarjetas de crédito de un vasto territorio virgen por explotar, un lugar poblado por millones de personas adoctrinadas en su momento en los preceptos de una «cultura de la cartilla de ahorros» y sometidas aún al mandamiento puritano de resistirse a la tentación de gastarse el dinero que no se había ganado todavía. Y tardamos unos años más en despertarnos a la sombría verdad de que el tren de la inicialmente fabulosa rentabilidad de las inversiones en los territorios vírgenes pronto pierde empuje, alcanza sus límites naturales y termina por encallarse sin alcanzar su presunto destino. Cuando esto sucedió finalmente, la burbuja estalló y las resplandecientes fatas morganas de la opulencia en ascensión perpetua se desvanecieron bajo un cielo cubierto con los oscuros nubarrones del desempleo de larga duración, las quiebras, el pago y la renegociación infinitas de la deuda, las caídas drásticas en el nivel de vida, la rebaja de las aspiraciones vitales y, muy probablemente, la degradación social de una clase media otrora segura, bulliciosa y con aspiraciones de ascenso social, a la categoría de un perplejo, indefenso y amedrentado «precariado».

¿Ha sido esta última, pues, otra crisis de la agencia humana, de nuestra capacidad de acción y reacción (otra «ruptura» o interregno)? Sí, pero con una diferencia (fatídica y fundamental). Como ya ocurriera antes, los viejos vehículos del «progreso» también se han convertido ya en chatarra, en material de desguace; sin embargo, hoy no hay ningún invento prometedor a la vista en el que cifrar de nuevo nuestras esperanzas de que una fuerza salvadora saque de apuros a tantas desnortadas víctimas. Tras la pérdida de la confianza pública en la sapiencia y la potencia del Estado, le ha llegado el turno a la presunta efectividad de la «mano invisible del mercado» de perder su credibilidad. Todas y cada una de las anteriores formas de hacer las cosas han quedado desacreditadas, y las nuevas, en el mejor de los casos, no han salido aún de la fase de diseño o experimentación. Nadie puede jurar con la mano en el corazón que ninguna de ellas vaya a ser eficaz. Perfectamente conscientes de las esperanzas defraudadas, nos vemos en la tesitura de no contar con ningún aspirante potencial por el que apostar. La crisis es un momento para decidir qué modo de proceder vamos a seguir en adelante, pero, en el arsenal de la experiencia humana acumulada hasta nuestros días, no parece haber estrategias fiables entre las que escoger.

Somos dolorosamente conscientes (al menos, de momento y hasta que esta memoria selectiva humana —demasiado humana— que tenemos haya cumplido su propósito) de que, sin control alguno, los mercados que se guían únicamente por el criterio de la rentabilidad conducen a catástrofes económicas y sociales. Pero ¿deberíamos (y, sobre todo, podríamos) regresar a los mecanismos empleados anteriormente —hoy descartados (o infrautilizados)— de la supervisión, el control, la regulación y la dirección estatales? Que «debamos» o no es discutible. Lo que sí es absolutamente seguro, sin embargo, es que «no podríamos» (sea cual sea nuestra respuesta a la pregunta previa). Y no podríamos porque el Estado no es lo que era hace cien años, ni lo que se esperaba entonces que fuera en un futuro más o menos inmediato. En su situación actual, el Estado carece de los medios y los recursos necesarios para realizar las tareas que se requerirían para una supervisión y un control efectivos de los mercados (y no digamos ya para una verdadera regulación o dirección de estos).

La confianza en la capacidad del aparato estatal para cumplir con su cometido descansaba en el supuesto de que las dos condiciones necesarias para una administración efectiva de las realidades sociales —el poder y la política— estaban en manos del Estado, que se suponía que era una especie de amo soberano (exclusivo e indivisible) dentro de sus límites territoriales; por «poder» se entiende la capacidad de hacer y terminar cosas, y por «política», la capacidad de decidir qué cosas debería hacer él mismo y qué otras deberían resolverse en el ámbito global (donde ya reside buena parte del poder efectivo para conseguir que se hagan las cosas) y que, por lo tanto, serían aquellas que el Estado debería evitar o de cuyo ejercicio debería retirarse. En la actualidad, sin embargo, el Estado se ha visto expropiado de una parte considerable (y creciente) de su antaño genuino o presunto poder (para hacer cosas), del que se han apropiado fuerzas supraestatales (globales) que operan en un «espacio de flujos» (Manuel Castells dixit) fuera de todo control político, mientras que el alcance efectivo de las agencias y los organismos políticos existentes no ha logrado ir más allá de las fronteras estatales. Esto significa, lisa y llanamente, que las finanzas, los capitales de inversión, los mercados laborales y la circulación de mercancías están fuera de las atribuciones y del alcance de las únicas agencias políticas actualmente disponibles para encargarse de la labor de la supervisión y la regulación. Es esa política crónicamente aquejada de déficit de poder (y por lo tanto, también de capacidad coactiva) la que se enfrenta al desafío de unos poderes emancipados del control político.

En resumidas cuentas, la crisis actual difiere de sus precedentes históricos por cuanto la estamos viviendo desde un contexto de «divorcio entre el poder y la política». Ese divorcio provoca una «ausencia de la agencia o capacidad de acción» necesaria para hacer aquello que toda crisis exige por definición: elegir un modo de proceder y aplicar la terapia indicada para seguir el camino que se ha escogido. Da la sensación de que esa capacidad de acción insuficiente seguirá paralizando la búsqueda de una solución viable hasta que el poder y la política (hoy divorciados) vuelvan a maridarse. También da la impresión, sin embargo, de que, en las actuales condiciones de interdependencia global, ese matrimonio resulta difícilmente concebible dentro de un único Estado, por grande y rico en recursos que sea. Más bien parece que nos enfrentemos en estos momentos a la formidable tarea de elevar el nivel de la política y de la importancia de sus decisiones a cotas completamente nuevas para las que no existen precedentes.

  • Carlo Bordoni
    Bordoni, Carlo

    Carlo Bordoni (Carrara, Italia, 1946) Es un sociólogo y escritor italiano. Colabora en el Corriere della Sera. Ha sido profesor en las Universidades de Pisa, Florencia, la Universidad Federico II de Nápoles, IULM de Milán, Orientale y en la Academia de Bellas Artes de Carrara, donde fue director desde 1990 hasta 2003.

    Comenzó en 1965 con la novela de ficción juvenil L’ultima frontiera y, después, con la antología de historias cortas de Cuori di tenebra (1993). Volvió con Il nome del padre (Baroni, 2001), Istanbul Bound (Tabula Fati, 2006) y la novela Il cuoco di Mussolini (Bietti, 2008). En la editorial Odoya de Bolonia supervisó la Guida alla letteratura di fantascienza (2013).

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